La Administración de Donald Trump reconoció ante el Congreso de Estados Unidos que no posee justificación legal para ejecutar un ataque militar contra Venezuela, bajo la actual campaña que utiliza la narrativa de combate al narcotráfico en la región.

Medios estadounidenses informaron en esta jornada que durante una sesión a puerta cerrada el miércoles, los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, dieron detalles a un grupo selecto de legisladores sobre los planes de la campaña antidrogas de Trump, que ha ordenado al menos 17 ataques contra supuestas lanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, en los que han sido asesinadas al menos 66 personas.

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Durante la reunión, en la que participaron miembros de los Departamentos de Estado, Defensa y Justicia, se especificó que la orden que activó la operación en septiembre no autoriza acciones sobre objetivos en territorio venezolano o colombiano.

No obstante, funcionarios de alto nivel no descartaron la posibilidad de futuras acciones militares contra instalaciones y líderes de presuntos carteles dentro de Venezuela, según declararon fuentes a la cadena CNN.

El medio estadounidense reseñó que una fuente con conocimiento del asunto señaló que un documento de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia autoriza ataques contra 24 organizaciones criminales en Latinoamérica.

Tras la reunión informativa de este miércoles, los demócratas, incluido el senador Mark Warner, principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado, consideraron que las respuestas sobre la justificación legal eran insuficientes, señalando que la opinión legal presentada ni siquiera mencionaba a Venezuela.

La preocupación de los legisladores se intensificó en las últimas semanas, luego de la confirmación por parte del presidente Trump de que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

Según la resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, el presidente de EE.UU. debe informar al Congreso dentro de las 48 horas posteriores a la introducción de fuerzas en hostilidades y que cese las acciones dentro de los 60 días sin una autorización del Congreso. Este plazo de 60 días expiró el lunes 3 de noviembre.

Desde agosto, Estados Uidos mantiene en aguas caribeñas alrededor de ocho buques de guerra -entre ellos seis destructores-, tres buques anfibios y un submarino, en lo que expertos consideran como su mayor despliegue marítimo desde la primera guerra del golfo Pérsico (1990-1991). A esto se suma que el 24 de octubre el portaaviones Gerald Ford y su grupo de ataque fueron enviados por orden del Pentágono al área de operaciones del Comando Sur.

Los Gobiernos de Venezuela, Colombia y Cuba han rechazado el despliegue militar y han alertado de forma reiterada sobre la amenaza que representa para la región. Señalan que los ataques efecuados bajo la justificación de enfrentar el tráfico de drogas son en realidad una política de fuerza e intimidación hacia gobiernos de la región que mantienen posiciones soberanas o contrarias a los intereses de Washington.

En este sentido, han destacado la necesidad de preservar a América Latina y el Caribe como «Zona de paz», tal como fuera proclamado en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en La Habana en 2014.

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